Reformas de un liberal

Jordi Sevilla es, sin duda, uno de los ministros más capaces del gobierno de la nación. Y aunque él siempre se había postulado como posible ministro de economía, la elección de Pedro Solbes, que lo había tenido como jefe de gabinete en el último gobierno González y que sin duda es uno de los mejores ministros de la democracia con amplia experiencia nacional e internacional, le apartó de su anhelado ministerio, aunque tuvo la consolación de la titularidad del Ministerio de Administraciones Públicas.

Jordi era diputado por Castellón y secretario de economía y ocupación en la ejecutiva socialistas cuando en aquella inolvidable rueda de prensa, ante la ignorancia de Zapatero sobre la diferencia entre un impuesto progresivo y regresivo, se ofreció a explicarle en dos tardes todos los misterios y secretos de esa ciencia llamada economía.

Es lo que tiene la política: alguien que no habla más que su lengua y no sabe que es la progresividad de un impuesto pero que lleva toda la vida de diputado no se sabe muy bien haciendo qué, aunque desde luego formándose no, con varios golpes de suerte se convierte en el primer ministro de uno de los países de los denominados ricos.


Jordi Sevilla acaba de presentar una de las iniciativas más plausibles de la presente legislatura y que desactiva de alguna forma la lucha de clases que habíamos pronosticado y debatido en este blog.

Las principales recomendaciones del informe elaborado por la Comisión de expertos para el Estatuto Básico del Empleado Público, aconsejan que, aunque es conveniente que quienes accedan a un puesto de carrera en la Administración tengan estabilidad laboral, pero ésta «no debería ser absoluta» , sino que debería ir ligada a los méritos y al rendimiento del funcionario, quien, incluso podría retroceder en su carrera laboral y perder pluses de productividad.

Esta comisión la componen quince expertos y está presidida por el catedrático de Derecho Administrativo, Miguel Sánchez Morón.

Bravo por Jordi Sevilla. Un paso valiente y necesario. Una reforma de peso que encara un problema latente y que pretende igualar en derechos y obligaciones a todos los trabajadores.

Ya sostenía en una entrevista publicada hace algún tiempo con motivo de un libro que acababa de publicar, que él reivindicaba "un liberalismo que sienta la Revolución Francesa como un principio esencial y transformador, que es reconocer a los individuos determinados derechos con independencia de cuál sea su nivel de renta, su nivel de riqueza o su posición social. Ese principio liberal del dieciocho, es el que fundamenta toda la acción política de los socialistas a partir de entonces, ampliando el marco de derechos, a los que todos somos acreedores, con independencia de nuestra condición social".